Vertidos

Se considera delito medioambiental por vertido aquel en el que se arrojan sustancias o residuos que provoquen o puedan provocar daños sustanciales en la calidad del agua, del aire, del suelo, o que afecten negativamente a los animales y las plantas.

Este tipo de conductas también pueden suponer una alteración grave del equilibrio de los sistemas naturales o generar un riesgo significativo para la salud humana

Las penas aplicables por la comisión de un delito medioambiental por vertido dependen de la gravedad de los hechos, del riesgo generado y de otros factores concurrentes. No obstante, el Código Penal español establece, con carácter general, las siguientes sanciones:

• Pena de prisión (de 6 meses a 5 años, según la gravedad y el riesgo creado).
• Multas que variarán en función del tipo en el que se encasillen los hechos.
• Inhabilitación para el ejercicio de determinadas actividades.

Como titular o responsable legal de una empresa, es imprescindible adoptar un enfoque proactivo de cumplimiento normativo ambiental, implementando medidas de prevención, control y trazabilidad que aseguren el respeto íntegro de la normativa estatal y autonómica en materia de vertidos y gestión de residuos. Para evitar incurrir en responsabilidades penales por vertidos ilegales, deben adoptarse las siguientes actuaciones:

• Obtención de autorizaciones y licencias: Gestionar y conservar debidamente actualizadas todas las autorizaciones, licencias de vertido y permisos medioambientales exigidos por la normativa sectorial, estatal y autonómica
• Instalación de sistemas de depuración y control: Dotar a la empresa de infraestructuras eficaces para el tratamiento, depuración y monitorización de vertidos, asegurando que los efluentes emitidos no superen los límites legales establecidos por la normativa aplicable o las condiciones de la autorización ambiental integrada.
• Gestión adecuada de residuos: Garantizar una gestión correcta de los residuos peligrosos y no peligrosos, conforme a los principios de jerarquía de residuos, mediante su clasificación, almacenamiento, transporte y eliminación por gestores autorizados. Todo ello debe quedar debidamente acreditado documentalmente (contratos, hojas de seguimiento, códigos LER, etc.).
• Registro documental: Mantener un archivo actualizado y completo de la documentación ambiental, que incluya informes técnicos de vertido, certificados de tratamiento, registros de inspecciones, auditorías, contratos con gestores autorizados y toda aquella documentación que pueda requerirse en una inspección de la Administración o en sede judicial.
• Formación del personal: Implantar programas de formación continua y específica en prevención de riesgos ambientales, protocolos de emergencia por vertidos y obligaciones legales, dirigidos tanto al personal técnico como al directivo.
• Auditorías y controles internos: Establecer un sistema de auditoría ambiental interna periódica y procedimientos de control que permitan identificar desviaciones respecto a la normativa medioambiental, activar planes de corrección inmediata y reducir así el riesgo penal corporativo.

Ante la sospecha fundada de que se está produciendo un vertido no autorizado en las inmediaciones de tu propiedad, resulta esencial actuar con celeridad y conforme a derecho para proteger tanto el entorno como tus intereses patrimoniales. Las siguientes actuaciones son recomendables:

• Recopilación de pruebas: Es fundamental documentar los hechos mediante fotografías, vídeos, testimonios de testigos y cualquier otra evidencia que permita respaldar la denuncia y acreditar la existencia del vertido.
  Esta fase es fundamental para acreditar los hechos denunciados y facilitar la actuación administrativa o judicial.
• Comunicación a las autoridades competentes: Debes denunciar los hechos ante la Guardia Civil, concretamente al SEPRONA, o ante cualquier otro cuerpo policial con competencias en materia medioambiental. Asimismo, resulta imprescindible informar a la Administración ambiental de la comunidad autónoma correspondiente, que ostenta competencia en materia de control, inspección y sanción de vertidos.
• Asesoramiento jurídico especializado: Se recomienda contar con un abogado experto en derecho medioambiental, quien podrá asistirte en la formulación de la denuncia administrativa o penal, en la interposición de acciones civiles o penales, y en la reclamación de daños y perjuicios por los efectos del vertido sobre tu propiedad o el entorno.

El respaldo legal garantiza que las actuaciones se ajusten al marco normativo aplicable, optimizando las posibilidades de éxito en la exigencia de responsabilidades y en la obtención de la correspondiente reparación ambiental y patrimonial.

La legislación española y europea establece que los productores de residuos (tanto peligrosos como no peligrosos) son los responsables directos de su adecuada gestión desde su generación hasta su destino final, conforme al principio de “quien contamina paga” y a los principios de la jerarquía de residuos y de responsabilidad ampliada del productor. Entre sus principales obligaciones legales específicas, destacan las siguientes:

• Prevención en la generación de residuos: Los productores deben adoptar medidas orientadas a reducir la generación de residuos y a limitar el uso de sustancias peligrosas, priorizando la reutilización, reparación y prolongación de la vida útil de los productos y materiales.
• Elaboración de planes de prevención: Para determinadas actividades industriales, comerciales y de servicios, los productores deben diseñar e implementar planes de prevención de residuos, conforme a las estrategias y directrices autonómicas y estatales.
• Participación en campañas de sensibilización: Están obligados a desarrollar o colaborar en campañas de concienciación pública, dirigidas a promover la prevención, reutilización y reciclaje, en cumplimiento del principio de responsabilidad ampliada del productor.
• Gestión documental y trazabilidad: Estas obligaciones deben integrarse dentro de un sistema de gestión documentado y trazable, bajo supervisión administrativa, y su incumplimiento puede acarrear sanciones administrativas e incluso responsabilidad penal en supuestos graves. Debe permitir acreditar ante la Administración la cantidad, naturaleza y destino, la contratación de gestores autorizados y el almacenamiento temporal.

La Ley establece un régimen riguroso de responsabilidad jurídica aplicable a todas las personas físicas o jurídicas que intervengan en cualquier fase de la producción o gestión de residuos, con el fin de garantizar su correcta trazabilidad y evitar su abandono, dispersión o tratamiento inadecuado. En particular, esta responsabilidad recae sobre:

• El productor inicial del residuo, es decir, quien genera el residuo como resultado de su actividad productiva, comercial, industrial o de consumo.
• Cualquier otro poseedor del residuo que lo tenga en su poder con independencia de su origen.
• El gestor autorizado en tanto intervengan en las operaciones de recogida, transporte, almacenamiento, valorización o eliminación de residuos.

Cada uno de estos sujetos deberá cumplir con sus obligaciones de forma diligente, y será responsable frente a la Administración y terceros por los daños que resulten de una gestión deficiente. La responsabilidad podrá ser individual o solidaria, dependiendo de la participación en los hechos constitutivos de infracción:

• Solidaria cuando varios sujetos hayan intervenido conjunta o sucesivamente en la cadena de producción o gestión del residuo. En este caso, todos ellos responderán por entero del daño causado, sin perjuicio del derecho de repetición entre ellos.
• Individual, cuando se pueda determinar de forma clara la autoría y participación de un único sujeto en el incumplimiento.
• No obstante, si se impone una sanción pecuniaria, esta deberá ser individualizada en la resolución sancionadora, en función del grado de participación, culpa o beneficio obtenido por cada persona implicada.

Este régimen tiene por objeto garantizar una trazabilidad efectiva de los residuos, evitando su abandono o gestión inadecuada, y asegura que los responsables asuman las consecuencias jurídicas y económicas derivadas del incumplimiento de sus obligaciones.